La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha defendido este martes la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas frente a los argumentos recogidos en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deja de lado aspectos fundamentales como el derecho a la vivienda, la protección del entorno urbano y la calidad de vida de los residentes, y se centran exclusivamente en criterios de mercado.
El Ejecutivo autonómico ha recordado que el informe, solicitado de manera voluntaria y sin carácter vinculante, formula propuestas que no atienden a la compleja realidad de las islas ni a la situación de emergencia habitacional declarada en el archipiélago. En este sentido, “la CNMC pasa por alto que el modelo de crecimiento turístico de Canarias debe ser compatible con el bienestar de la ciudadanía, la sostenibilidad del territorio y la preservación de la identidad local”, subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
De León destacó que el Tribunal Supremo (TS) rechazó de forma contundente la denuncia que la CNMC interpuso contra la ciudad de Bilbao por haber delimitado -en el ejercicio de sus competencias- la actividad de la vivienda vacacional. “El órgano judicial aclaró que las Administraciones públicas deben evitar la gentrificación e impedir que las ciudades se conviertan en un ‘parque temático’, en lugar de en un espacio habitable y de convivencia’”, explicó. También el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han pronunciado en el mismo sentido, afirmando que la regulación de la vivienda vacacional no vulnera el derecho a la propiedad privada, sino que se encuentra dentro de los límites necesarios para garantizar el interés general.
De León expuso aspectos del informe que no considera aceptables. Entre ellos, “la CNMC plantea que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) puedan destinarse al alquiler vacacional, una postura que desde el Gobierno descartamos”. Al respecto, subrayó que “las VPO son un recurso esencial para garantizar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables y han sido financiadas, total o parcialmente, con dinero público”.
Asimismo, el documento recoge otras aportaciones, “como que el alquiler vacacional pueda seguir creciendo incluso en áreas donde la vivienda es un bien escaso”, algo que desde el Gobierno de Canarias se ve “con profunda preocupación”.
También propone que se pueda implementar esta modalidad en locales que se convirtieron en viviendas para atender la falta de oferta residencial, y defiende que se puedan implantar viviendas vacacionales en espacios protegidos, donde solo se permite el turismo rural. “Los alojamientos rurales están sometidos a una normativa muy estricta con el objetivo de preservar el espacio natural en el que se asientan. En estas zonas, la proliferación de viviendas vacacionales podría poner en peligro la conservación de la Red Natura 2000 y de la biodiversidad”.
Lamentó, además, que “la CNMC sugiera modificar los criterios de accesibilidad para flexibilizarlos”. Al respecto, la consejera ha señalado que “nos oponemos con contundencia, porque la accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que no se puede negociar”.
Además, el documento critica que se destine un 90% de la edificabilidad a los residentes, y se fije un 10% para uso turístico. “Desde el Ejecutivo autonómico defendemos que este límite es una herramienta imprescindible para garantizar que la vivienda siga cumpliendo su función social”, expuso la consejera, recordando que “en las islas verdes, donde la presión turística es menor, el porcentaje destinado a la vivienda vacacional puede alcanzar hasta el 20%”.
Algunos de estos argumentos fueron cuestionados por el voto particular de uno de los miembros de la comisión, que indicó que las medidas del proyecto de ley están justificadas en términos de necesidad y proporcionalidad, para garantizar el acceso a la vivienda residencial en Canarias.
Por último, De León remarcó que el texto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha sido avalado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, por un informe del Gobierno de España, y por el Consejo Consultivo, que validó los principios esenciales de la norma y su estructura central. También se pronuncia en los mismos términos que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como en la línea de los principios de sostenibilidad establecidos por el Parlamento Europeo.
