El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, 23 de diciembre, el Decreto Ley de Garantía de las Escuelas Infantiles de titularidad municipal. La presente norma pretende habilitar competencialmente a los ayuntamientos canarios -aún de modo transitorio y mientras se construye un instrumento de cooperación estable que impulse la educación de 0 a 3 años- para el mantenimiento y la gestión de las escuelas municipales que impartan, o puedan impartir, el primer ciclo de educación infantil.
Cabe recordar que los servicios de la actual red de escuelas infantiles públicas, que en la Comunidad canaria son fundamentalmente de titularidad municipal, son prestados por los ayuntamientos canarios como competencias impropias.
La nueva norma, promovida a iniciativa de la Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, habilitará a los consistorios canarios para mantener y gestionar las escuelas de su titularidad, ya sea mediante gestión directa o mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos del sector público.
Canarias sufre actualmente un grave déficit en esta materia que requiere un esfuerzo de todos los poderes públicos. Según el último Anuario estadístico elaborado por la Subdirección de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la tasa neta de escolaridad de 0 a 2 años en las islas es sólo del 22,6%, frente al 39,6% de la media nacional (un 35% frente a un 61,4% si nos referimos a los 2 años) y con una edad media de acceso de 2,5 años, frente a los 1,9 años de la media estatal. Todo ello agravado por el escaso grado de implantación de la escuela pública, 10 puntos porcentuales inferior que en el conjunto de España.
Según el Gobierno y por todo lo dicho, mientras se procede a implantar un modelo de gestión adecuado a los retos de la educación infantil, Canarias no puede permitirse el cierre de ninguna escuela infantil.
Las escuelas de titularidad pública resultan esenciales para garantizar, en el contexto del Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias, no sólo la educación del alumnado procedente de entornos sociales y culturales menos favorecidos, sino también la eficacia de otras políticas sociales, como la igualdad de género y el acceso al mercado laboral.
De igual manera, en la medida de las posibilidades de cada municipio y en el marco de su autonomía, deben eliminarse los obstáculos para la implantación de nuevas unidades o la ampliación o mejora de las existentes, si fuera preciso, bien sea para afrontar las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, bien para dar una inmediata respuesta a las demandas vecinales.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
