El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado el decreto que acuerda la ejecución del proyecto denominado Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria. Reformado del proyecto de construcción. Modificado II, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, y que ordena la modificación del planeamiento afectado.
El proyecto se basa en la construcción de una infraestructura hidroeléctrica de almacenamiento y bombeo reversible cuyo fin es proporcionar flexibilidad y robustez al sistema eléctrico y mejorar la calidad de la frecuencia de la señal eléctrica en la red procedente de las energías renovables, que podrá ser más seguro ante perturbaciones.
Se trata de un proyecto fundamental para el avance de las renovables en Gran Canaria, y en las islas en su conjunto, y para la consecución de los objetivos a corto y medio plazo fijados en la Declaración de Emergencia Climática y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.
La propuesta contempla la construcción de una central de 200 MW (que representa alrededor del 36% del pico de demanda energética de Gran Canaria) y 3,2 GWh de almacenamiento, una estación desaladora y las obras marinas asociadas, así como las instalaciones necesarias para su conexión a la red de transporte. Esta infraestructura garantizará también la disponibilidad de 700.000 metros cúbicos para la agricultura y el riego de la zona.
Esta normativa afecta a los municipios San Bartolomé de Tirajana y Mogán de Gran Canaria, además del Cabildo de Gran Canaria, pues se ha constatado la disconformidad del proyecto con el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, la Ordenanza Municipal provisional Zonas Libres del municipio de Mogán, así como la orden del consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad relativa al Plan de Gestión de la ZEC ES7011004 Macizo de Tauro II.
Por este motivo, el Gobierno de Canarias también ha ordenado, de manera paralela, el inicio del procedimiento de modificación de los citados instrumentos de ordenación, en el plazo de seis meses desde la notificación del decreto, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten incompatibles con la ejecución del proyecto o bien no resulten suficientes para legitimar la ejecución del proyecto.
