El Consorcio de Viviendas del Cabildo de Gran Canaria transformó, durante 2021, un total de cinco escuelas unitarias propiedad de seis ayuntamientos en viviendas de tránsito, y ya trabaja con otros cinco consistorios en la posibilidad de conveniar, a lo largo de 2022, la rehabilitación de otros siete inmuebles, con el propósito de continuar dando respuesta a las situaciones de emergencia habitacional que padecen las familias más vulnerables de la Isla.
La consejera insular de Arquitectura y Vivienda, Concepción Monzón, incide en la relevancia de esta iniciativa, “dado que es una de las actuaciones con las que podemos obtener unidades habitacionales que, en estos momentos, son imprescindibles para que existan alternativas en la Isla para cubrir las necesidades de vivienda de familias en situación de vulnerabilidad de forma temporal, hasta dar con las soluciones más idóneas para cada caso”.
Asimismo, recalca el carácter sostenible de la actuación, “porque estamos dando una segunda oportunidad a inmuebles de titularidad municipal que estaban en desuso. Sobre todo, a las escuelas unitarias antiguas, que, en muchos casos, se estaban deteriorando y que ya contaban en su parte alta con las viviendas que habitaban los profesores”, ha detallado. “Es una oportunidad de generar viviendas de forma rápida, asequible, sostenible, sin consumir suelo y dando un nuevo uso a esos inmuebles y soluciones a familias que tanto lo necesitan”.
Así, durante 2021, el Consorcio firmó convenios con cinco ayuntamientos para la rehabilitación de las escuelas unitarias de La Ladera, en La Aldea de San Nicolás; las de Santa Rita y Vecindad de Enfrente, en Agaete; y las de Lugarejos, en Artenara; Casablanca, en Firgas; y Miraflor, en Teror.
Unos trabajos en los que el Cabildo se responsabilizó de la redacción de los proyectos, así como de la financiación de las obras y la dirección de las mismas, y en los que invirtió 972.497 euros, distribuidos entre los 302.000 euros del proyecto de La Aldea de San Nicolás; 263.497, en Agaete; 180.000, en Teror; 160.000, en Firgas; y 67.000, en Artenara.
Como resultado de estas actuaciones, se obtuvieron 16 nuevas unidades habitacionales, de las que siete –las cuatro de Miraflor y las tres de Santa Rita- son viviendas compartidas, en las que sus habitantes cuentan con sus habitaciones y con zonas comunes, y el resto, individuales. De la gestión de todas ellas se hace cargo cada consistorio, ya sea de forma directa o cediéndola al Instituto Canario de Vivienda o a una ONG.
En la actualidad, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria estudia la posibilidad de firmar, este 2022, nuevos convenios con otros cinco ayuntamientos, para rehabilitar las escuelas unitarias de El Sequero, en Ingenio; Cercados de Espino y Montaña la Data, en San Bartolomé de Tirajana; El Raso-La Atalaya y Pino Santo Bajo, en Santa Brígida; El Molino, en La Aldea; y Lomo Santos, en Tejeda. El proceso se halla en la fase de estudio, dado que en algunos casos se requiere la modificación del planeamiento municipal.
Todas estas acciones se enmarcan en el ‘Programa de inversiones y nuevas medidas sociales para la reactivación económica y social de Gran Canaria’, que puso en marcha para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria. En concreto, dentro del Plan de Inversiones para la reactivación económica, el Consorcio de Viviendas cuenta con financiación para varias actuaciones, entre las que se encuentra la dirigida a reparar la crisis habitacional, que se ha agudizado con el periodo de confinamiento y los perjuicios que ha generado la pandemia de la COVID-19.
