El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado en Consejo de Gobierno una declaración por la que insta a los gobiernos canario, estatal y europeo a permitir el uso del superávit y los remanentes de tesorería, a endeudarse, a agilizar los procedimientos de contratación y a permitir la contratación de personal como única fórmula para impulsar una economía de emergencia para afrontar esta crisis sin precedentes que no puede volver a ser cargada sobre la espalda de los más vulnerables.
Estos cuatro aspectos han supuesto una rémora en el funcionamiento de las administraciones, pero dada la situación socioeconómica aparejada a la crisis sanitaria, son aspectos que deben ser desbloqueados con urgencia, considera el grupo de gobierno.
Solicita a que permita utilizar sus fondos propios para poder proteger a las familias más vulnerables, atender los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía local de manera eficiente y eficaz y con ello proporcionar un marco económico justo y solidario, un fin que con el dinero en los bancos no puede perseguir.
El Cabildo de Gran Canaria ha consolidado un ahorro neto de 580 millones, tras restar los gastos pendientes de pago, quedan 350 millones de euros que inmovilizados no ayudan a nada. Son fondos necesarios para poner a las personas en el centro de las políticas para superar esta crisis y para ello es preciso que Europa y sus gobiernos comprendan que es la hora de las personas, por encima de otros intereses, subraya la declaración.
Debe sumarse que las instituciones saneadas y con capacidad para ello puedan recurrir al endeudamiento público para paliar el desplome de los ingresos que sufrirá los próximos meses para poder atender el presupuesto vigente y, con ello, sostener prioritariamente los servicios públicos esenciales.
También deben ser flexibilizados, ahonda la declaración aprobada este lunes en Consejo de Gobierno, los procedimientos administrativos y los procedimientos de contratación con el fin de facilitar la ejecución de obra pública y todas las acciones insulares.
Es asimismo absolutamente necesario flexibilizar la contratación de nuevos empleados públicos, más allá de las tasas de reposición vigentes, con criterios de igualdad, transparencia y publicidad, para afrontar con diligencia la adjudicación de las obras, servicios y suministros acordados y para garantizar los servicios esenciales (sanitarios, sociosanitarios, sociales, etc).
En los últimos años ha aumentado el presupuesto sin que el personal haya aumentado acorde al volumen de trabajo que ello lleva aparejado, lo que ha supuesto un embudo que en esta situación no puede permitirse, pues se traduciría en un estancamiento de las posibilidades de la Administración de actuar de revulsivo de la reactivación socioeconómica.
Una economía de emergencia para una crisis sin precedente
Y es que esta crisis sanitaria tiene un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de la ciudadanía, por lo que la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y a mantener el tejido productivo.
El Gobierno de España, el de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria han adoptado ya medidas urgentes, pero las circunstancias demandan más decisiones. Las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos deben impulsar cuanto antes una economía de emergencia y promover la reconstrucción y la recuperación, cada uno en su ámbito de competencias.
La salida de esta crisis no puede volver a cargarse sobre las espaldas de las clases más desfavorecidas como pasó con la de 2008, ya que además las familias más vulnerables, y otras que aún no llegan a serlo, reclamarán ayudas no solo en alimentos, sino también para el pago de suministros e incluso del alquiler.
Es muy importante, prosigue, evitar la pauperización de las clases medias trabajadoras, no solo porque es injusto, sino porque conlleva el debilitamiento de las estructuras democráticas de la sociedad y favorece el desarrollo de populismos insolidarios y reaccionarios.
La pérdida de empresas, la situación de emergencia de los autónomos y el cierre de negocios, la mayoría vinculados al sector turístico, cuya recuperación será lenta y precisará acciones exteriores e inversiones para su modernización, obliga a impulsar políticas de ayuda para el cambio del modelo económico a uno sostenible integral alejado de los criterios desarrollistas y no sostenibles actuales.
El uso del superávit y el endeudamiento público es necesario, no solo para mantener los servicios esenciales, sino para reconstruir la economía tras la fase de crisis sanitaria.
El Cabildo ha aprobado ya un paquete de medidas de más de 140 millones de euros, pero esta situación demandará un mayor número de actuaciones que precisarán recursos financieros para atender las necesidades sociales, empresariales y de la propia administración durante los próximos meses, por lo que considera imprescindible la asunción de estas cuatro medidas recogidas en la declaración del Gobierno insular.
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, PARA LA SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT Y LOS REMANENTES, LA AUTORIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO, LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LA DISPONIBILIDAD DE MAS RECURSOS HUMANOS PARA HACER FRENTE A LAS CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA PROVOCADA POR LA COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Esta crisis sanitaria está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de la ciudadanía.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala insular, canaria, nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. En estas circunstancias excepcionales, la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a los/as más vulnerables y mantener el tejido productivo.
Ante esta situación de emergencia de salud pública, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y este Cabildo de Gran Canaria han venido adoptando medidas urgentes en el ámbito económico y social. En primer lugar, luchando contra la pandemia a partir del refuerzo de los servicios sanitarios, sociosanitarios y la investigación; en segundo lugar, apoyando a todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, a los trabajadores y trabajadoras, a las familias, a los autónomos, prestando una especial atención a aquellos más vulnerables y, en tercer lugar, apoyando la actividad económica con medidas de liquidez y flexibilidad dirigidas a aliviar los costes para autónomos y empresas.
Pero las circunstancias son excepcionales y exigen más decisiones determinantes. Es un momento crítico y necesitamos pruebas de compromiso real. Las Comunidades Autónomas, los Cabildos y los Ayuntamientos deben poner en pie una economía de emergencia y promover la reconstrucción y la recuperación, cada uno en su ámbito de competencias. Tenemos que hacerlo cuanto antes con medidas que respalden el uso del superávit, y el endeudamiento público si fuere necesario, de todas las administraciones públicas, con el objetivo concreto de mantener los servicios públicos esenciales ante la pérdida considerable de ingresos durante los próximos meses. Y una vez superada la crisis sanitaria, para reconstruir la economía, dinamizándola a nivel local con planes específicos que la incentiven desde lo público hacia lo privado, reactivando la contratación y, con ello, el empleo local. Estas acciones son imprescindibles para que podamos seguir sosteniendo los servicios públicos y colaborando con trabajadores y trabajadoras, autónomos, empresas y personas en situación de desempleo, pobreza, vulnerabilidad o exclusión social.
La situación social, económica y sanitaria que la pandemia del Coranavirus está generando en Gran Canaria, en la que toda la sociedad está afectada, exige medidas excepcionales. El Cabildo de Gran Canaria debe seguir comprometido con todos sus recursos humanos, técnicos y económicos para atender a las personas y familias que necesiten ayudas inmediatas, a los trabajadores y trabajadoras que viven situaciones de precariedad, a los autónomos que han visto mermada su actividad laboral y a las empresas que han cesado su actividad y viven riesgos ciertos de continuidad. Ya lo hemos empezado a hacer. Este Cabildo ha aprobado unas primeras medidas de más de 140 millones de euros encaminadas a reforzar los servicios públicos, proteger a los más vulnerables y dinamizar nuestra economía. Pero no nos vamos a quedar ahí, la crisis sanitaria, social y económica va a demandar un mayor número de actuaciones.
Un instrumento esencial es la liquidez de la corporación insular y la disponibilidad de los recursos financieros de titularidad del Cabildo, para atender las necesidades sociales, empresariales y de la propia Administración, durante los próximos meses y emplear esos remanentes de tesorería en un plan de inversiones estratégicas públicas, en primer lugar; para cubrir la fuerte pérdida de ingresos que, con toda probabilidad, sucederá en nuestro presupuesto vigente y para mantener los servicios esenciales que presta este Cabildo. Y también, en el marco de nuestras competencias propias, para dinamizar actividad económica, generar empleo y aportar estabilidad a las familias para que nadie se quede atrás.
El reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica dota a sus administraciones, autonómica y locales, de una situación reforzada para la gestión de determinadas competencias de la que carecen el resto de regiones europeas, tales como políticas económico-fiscales, políticas de innovación o en materia de investigación y desarrollo
Estas potencialidades, que reconoce el Estatuto de Autonomía, son fundamentales en situaciones de normalidad, pero con más razón en momentos de crisis como el que ahora afrontamos. La pandemia de Covid-19 ha comenzado como una crisis sanitaria que ha estado a punto de desbordar nuestro modelo de salud pública. Afortunadamente, no lo ha conseguido. Pero tras la crisis sanitaria, tendremos que enfrentar una crisis social, económica y laboral cuyos primeros síntomas ya están aquí. Ya Canarias vivía una situación social complicada, antes de esta crisis, con los datos de pobreza y exclusión social, que, en estos momentos, se están viendo incrementados de forma alarmante, desbordando los servicios sociales para dar respuesta a las necesidades de las familias de la isla que peor lo están pasando.
Frente al reconocimiento de una mayor capacidad para participar en determinadas materias que establece la Ley de Cabildos Insulares, la llamada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012) encorseta y limita la capacidad de respuesta de las Administraciones Públicas frente a la situación de crisis que se nos presenta, que es indispensable modificar.
El Cabildo de Gran Canaria ha consolidado un ahorro neto de 580 millones de euros durante los últimos años. Realmente, el remanente de tesorería de este Cabildo, dejando de lado los gastos pendientes de pagos, es de 350 millones de euros. Se trata de una cantidad que representa la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes más los gastos de amortización de préstamos a largo plazo. Esa cantidad se le llama técnicamente remanente de tesorería, pero la palabra que mejor la define es ahorro. Porque de eso se trata, es un ahorro que ha salido de la aportación de los grancanarios y grancanarias, que con su esfuerzo en estos años, en momentos muy difíciles ha permitido que el Cabildo disponga en la actualidad de una importante cantidad de dinero para ser puesta a disposición de quien verdaderamente lo va a necesitar, y que en estos momentos son muchos y muchas en Gran Canaria. A todo esto hay que añadir que no podemos permitir el cobro por parte de las entidades bancarias de comisiones por mantener estos ahorros en las cuentas corrientes.
Las condiciones actuales son de una extrema vulnerabilidad y esos fondos son necesarios para dotar de sostenibilidad a los servicios públicos esenciales, activar la economía, incrementar inversiones públicas y atender situaciones sociales muy graves. Esta situación nos llega en un momento de “tormenta perfecta”, cuando los indicadores antes de la crisis en pobreza, dependencia y paro son más graves en Canarias que en el conjunto del Estado.
Es necesario que Europa, y a partir de ella, el Estado, atienda a una Comunidad que ha realizado enormes esfuerzos económicos y que ahora, por una circunstancia fortuita, sobrevenida e impredecible, necesita de todos esos recursos que ha sabido guardar.
En estas últimas semanas son muchas las voces que vienen reclamando la necesidad de utilizar el superávit y los remanentes de tesorería para enfrentar la situación de crisis social en la que nos estamos sumiendo, ya que se trata de poner al servicio de la ciudadanía, lo que es de la ciudadanía en estos momentos tan difíciles. Se trata de unos fondos totalmente necesarios para poder afrontar el gasto en política social y servicios públicos esenciales que están llevando a cabo las Administraciones Locales, que son las administraciones que están junto al ciudadano. Las economías que ya se han liberado, con ser importantes, no son suficientes. El Cabildo necesita contar con todos sus recursos para hacer frente a la crisis económica y social que deriva de la emergencia sanitaria que padecemos.
Hay que poner a las personas en el centro de las políticas para superar esta crisis. Es preciso que Europa y sus gobiernos comprendan que es la hora de las personas, por encima de otros intereses. En el Cabildo lo hemos hecho desde el primer momento. Se han puesto en marcha 33 medidas de ejecución inmediata, destinadas a reforzar los servicios públicos, sobre todo los esenciales, a apoyar a las personas más vulnerables y a reactivar la economía de Gran Canaria. Se han destinado más de 140 millones para ese fin. Pero eso no es suficiente. Hay que hacer más, y queremos que nos dejen utilizar nuestros ahorros para hacer más, porque es una necesidad.
Se han tomado esas medidas, pero es necesario incrementar los recursos que se están aplicando, porque en estos próximos meses nos enfrentamos a importantes retos como nunca antes habíamos tenido:
- La salida de esta crisis no puede volver a cargarse sobre las espaldas de las clases más desfavorecidas como ha pasado con la de 2008 y que ha dejado un pozo de desigualdad inaceptable, social y políticamente.
- Un incremento exponencial del paro en nuestra isla, que abocará a muchos ciudadanos a la vulnerabilidad social. Es tiempo de solidaridad.
- Será necesario afrontar, si se requiere, el endeudamiento de las Administraciones Públicas. Los planes de recuperación económica requieren recursos y ahora mismo el Cabildo tiene esos recursos en forma de superávit y remanentes, que deberán utilizarse para atender la pérdida de ingresos en nuestro presupuesto vigente.
- Las familias más vulnerables, y otras que aún no llegan a serlo, reclamarán ayudas no sólo en alimentos, sino para el pago de suministros e incluso del alquiler. El Cabildo no va a dejar desamparada a ninguna familia.
- La pérdida de empresas, la situación de emergencia de los autónomos y el cierre de negocios, la mayoría de ellos vinculados al sector turístico, cuya recuperación será lenta, obliga a impulsar políticas de ayuda para el cambio de nuestro modelo económico. Y a demandar la prolongación de los ERTE hasta que la actividad económica vuelva a activarse.
- Tenemos que caminar hacia un modelo económico sostenible integral. Hay que impedir que la necesaria recuperación económica se haga con criterios económicos desarrollistas y no sostenibles.
- La recuperación del sector turístico requiere una acción exterior de promoción muy potente e inversiones de modernización que consoliden nuestro destino como referente para los países que tradicionalmente nos han elegido.
- Hay que evitar la pauperización de las clases medias y trabajadoras, porque es injusto socialmente y supone un debilitamiento de las estructuras democráticas de nuestra sociedad, que favorece el desarrollo de los populismos insolidarios y reaccionarios.
Los esfuerzos que se tendrán que acometer para paliar y reinventar el modelo social y económico que tenemos que enfrentar, requiere del apoyo de las instituciones, que deben ser capaces de coordinar y consensuar recursos y esfuerzos para evitar duplicidades, para abordar todas las medidas necesarias que se vayan a implementar para el beneficio de la ciudadanía de Gran Canaria.
Para afrontar estos retos es necesario que, con carácter inmediato, se nos autorice a utilizar el superávit y los remanentes de tesorería acumulados y que puedan ser destinados a sostener los servicios públicos esenciales de Gran Canaria para atender a quienes más lo necesitan en esta crisis, dentro de las competencias propias del Cabildo. Es voluntad de este Gobierno destinar todos los recursos económicos de que dispone el Cabildo para conseguir que esta crisis no la vuelvan a pagar los trabajadores y trabajadoras, ni los autónomos, ni el pequeño empresario/a, ni las familias. Por esto, reclamamos la flexibilización de las reglas fiscales para recurrir al endeudamiento, si fuese necesario para atender lo esencial, lo social, lo urgente, y dar una respuesta a la crisis, evitando duplicidades entre administraciones y siendo lo más eficientes en un momento tan crítico. Debemos garantizar que las reglas del juego económico incluyan el respeto a la dignidad de las personas, a la sostenibilidad del medio ambiente y a la vida comunitaria.
Es necesario, paralelamente, que se avance en la flexibilización en los procedimientos administrativos y en las reformas necesarias de los procedimientos de contratación encaminados a realizar las medidas que se determinen para afrontar esta situación, con una colaboración interadministrativa que permita que las actuaciones que se realicen lleguen a la ciudadanía lo más rápidamente posible y evitar que se dupliquen recursos y esfuerzos.
Por otro lado, es necesario que se permita la contratación de empleados públicos más allá de las tasas de reposición que marca el Gobierno del Estado de forma básica para todas las instituciones sin conocer la necesidad y la capacidad de contratación de cada una de las administraciones. Para ser eficaces en una situación excepcional, es necesario que haya medidas excepcionales que faciliten la gestión de este Cabildo para que las políticas públicas que se apliquen sean eficaces y eficientes.
Por ello, es necesario que se modifiquen las normas que encorsetan e impiden que se pueda gestionar con mayor celeridad todas las actuaciones precisas.
A tenor de los argumentos esgrimidos en esta Declaración del Gobierno de la Isla, los Grupos Políticos que forman parte del Gobierno Insular demandamos que, de manera urgente, se traslade a la Comisión Europea, al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, las propuestas siguientes:
1.- Que se permita a las Administraciones Públicas utilizar el superávit y los remanentes de tesorería de los que disponemos proteger a los más vulnerables, para atender los servicios públicos esenciales y para dinamizar la economía local de manera eficiente y eficaz, proporcionando un marco económico justo y solidario.
2.- Que se nos autorice recurrir al endeudamiento público a aquellas instituciones saneadas y con capacidad para hacerlo posible, si procede, para paliar la carencia de ingresos a fin de atender a nuestro presupuesto vigente y, con ello, sostener prioritariamente los servicios públicos esenciales.
3.- Que se flexibilicen los procedimientos administrativos y los procedimientos de contratación, para facilitar la ejecución de obra pública.
4.- Que se flexibilice la contratación de nuevos empleados públicos, más allá de las tasas de reposición vigentes, con criterios de igualdad, transparencia y publicidad, para afrontar con diligencia la adjudicación de las obras, servicios y suministros acordados y para garantizar los servicios esenciales (sanitarios, sociosanitarios, sociales, etc).
