El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la norma que regula sus obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y reutilización, la primera de la que se dota la Corporación insular para garantizar con mayor seguridad jurídica el derecho de la ciudadanía a la información, pilar fundamental del sistema democrático.
La Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización, aprobada en Consejo de Gobierno, obliga al Cabildo a elaborar, mantener actualizada y difundir preferentemente a través de su página web o sede electrónica la información de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública.
Así, el Cabildo mantendrá actualizado y difundirá un catálogo de la información pública que posea con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información para favorecer su redistribución, reutilización y aprovechamiento, y mantendrá medios de consultas adecuados a la información solicitada.
También adoptará las medidas que hagan fácil su localización, divulgación y accesibilidad, y publicará la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas, asesorará en la búsqueda de información, y la facilitará en los plazos máximos y en la forma y formato elegido, y progresivamente la pondrá a disposición de las personas con discapacidad por medios y en formatos adecuados conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
La norma además regula la reutilización de la información pública, lo que se conoce también como ‘open data’, de modo que la ciudadanía tenga acceso a gran cantidad de datos que posee la Corporación insular y que puede generarle beneficios de distinta índole como económicos o de investigación.
Deben cumplir también estas obligaciones los organismos autónomos del Cabildo, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del Cabildo incluidos los consorcios, las sociedades mercantiles con un capital social participado por el Cabildo en más de un 50 por ciento, las fundaciones de iniciativa pública insular o de participación mayoritaria del Cabildo, y las asociaciones constituidas por la Corporación insular.
Cada servicio del Cabildo designará a una persona responsable de publicación que será la encargada de cumplir con las obligaciones de publicidad activa en el portal de Transparencia que contendrá enlaces a las páginas web del Cabildo, organismos autónomos o entidades dependientes.
Opinión pública bien informada
El Tribunal Constitucional, el Supremo y el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan que no puede haber un Estado realmente democrático sin una opinión pública bien informada y esto no se puede lograr sin el papel activo de los medios de comunicación para lo que es imprescindible garantizar su acceso a la información, como recoge la Ordenanza.
Por ello establece un trámite preferente para las peticiones de los medios de comunicación con un plazo máximo de respuesta de 15 días naturales, al igual que establece un máximo de 5 días para responder las peticiones de información de los consejeros del Cabildo y de 10 días para los representantes públicos electos de instituciones españolas o vinculadas a la Unión Europea.
Información relativa a la Memoria histórica
La Ordenanza va más allá que las Leyes estatal y regional sobre la materia porque detalla qué informaciones se han de publicar obligatoriamente en el portal de transparencia y en ese sentido destaca la obligación de publicación y actualización de la información relativa a la Memoria histórica en la Isla.
En ese sentido el Cabildo publicará y mantendrá actualizada información sobre el mapa de fosas de Gran Canaria, el catálogo de vestigios referentes a la Guerra Civil y la dictadura franquista, y el censo de edificaciones y obras realizadas en Gran Canaria mediante trabajos forzosos o por prisioneros en campos de concentración.
Otra novedad en el ámbito regional que introduce la Ordenanza es la dación de cuentas por parte de la Dirección Insular de Transparencia del estado de la transparencia en el Cabildo en una sesión plenaria anual de carácter pública.
Por último, antes de un año el Cabildo regulará un protocolo destinado a la protección de cualquier persona trabajadora del Cabildo que denuncie ante la propia Corporación un posible caso de corrupción de modo que su denuncia no le depare perjuicios.
