El Cabildo de Gran Canaria llegó a pagar casi seis euros por la unidad de mascarillas higiénicas para sus centros sociosanitarios pese a que, según un informe interno del Servicio de Formación y Prevención fechado un día antes de formalizarse la compra, “este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745 ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425”.
En concreto, el 16 de abril de 2020, el Instituto de Atención Sociosanitaria (IAS) adjudicó un contrato por importe de 119.000 euros a la empresa Sistemas de Innovación Díaz y Romero SL para la adquisición de 20.000 mascarillas de este tipo, a 5,96 euros la unidad, un material sin certificado sanitario que además no fue suministrado hasta mes y medio después pese a que el expediente se tramitó por procedimiento de emergencia y sin concurrencia competitiva.
Según el decreto del IAS nº 2020-0416, el Cabildo de Gran Canaria adquirió a esta empresa (con talleres en el municipio de Agüimes) 5.000 mascarillas talla XL por un importe de 29.800 euros; otras 12.000 talla L por 71.520 euros; y 3.000 unidades más de la talla M por la cantidad de 17.880 euros. La contratación de este material se financió con cargo a la aplicación presupuestaria 09770/231/2210600020 ‘Productos farmacéuticos y material sanitario”.
Ese mismo día 16 de abril de 2020, mediante el decreto nº 2020-0413, y con cargo a la misma partida presupuestaria, el IAS también se adjudicaron varios contratos más para comprar 63.400 mascarillas por un importe total de 78.620 euros.
En este caso, el Cabildo adquirió 50.000 unidades de mascarilla facial quirúrgica por 34.500 euros (a 0,69 euros la unidad); otras 10.000 mascarillas de protección cónica por importe de 29.500 euros (a 2,95 euros la unidad); y 3.400 mascarillas FFP2 por la cantidad de 14.620 euros (a 4,30 euros cada una).
Además, los precios pagados por el Cabildo a Sistemas de Innovación Díaz y Romero SL contrastan con las cantidades abonadas en esas mismas fechas por una docena de Ayuntamientos de municipios españoles de más de 300.000 habitantes. Así lo constata un reciente informe del Tribunal de Cuentas, que sitúa en 0,52 euros el precio medio de compra de cada mascarilla quirúrgica, casi 12 veces.
Una contratación envuelta en la polémica
El PP ya denunció hace dos años este polémico contrato al conocer a través de un comunicado del propio gobierno insular que el Cabildo había dado “el primer impulso a la creación de una industria textil en Gran Canaria con la adquisición de 20.000 mascarillas higiénicas confeccionadas con un tejido que protege contra el coronavirus más de lo exigido del que la firma Ogadenia Gran Canaria Moda Cálida, asesorada por la institución, ha adquirido la exclusividad en Europa para su fabricación en Gran Canaria”.
Según informó el Cabildo, gracias a este contrato público, la empresa iba a poner en marcha “un ambicioso proyecto” industrial que “no sólo permitirá abastecer a Gran Canaria de productos higiénicos, sino que el proyecto es aceptar más pedidos y fabricar para todo el Archipiélago, España e incluso el continente”. Sin embargo, dos años más tarde, no se han cumplido ninguna de las previsiones del gobierno insular.
El escándalo de las ‘mascarillas fake’ de Ogadenia también llegó hasta el Pleno del Cabildo en mayo de 2020, cuando algunos grupos de la oposición cuestionaron la adjudicación de este contrato de emergencia por favorecer a un particular cuyo material, además, no era apto para uso sanitario según los técnicos del IAS.
En dicha sesión plenaria, tanto la consejera de Política Social que firmó el decreto de adjudicación del contrato, Isabel Mena, como el presidente Antonio Morales, defendieron la tramitación del expediente. Pese a las dudas generadas en torno a esta compra, Morales llegó a calificar las críticas de la oposición como “una absoluta irresponsabilidad por sembrar dudas sobre la Institución y el honor de una empresa con un amplio respeto en el mundo textil”.
