La actividad económica que se genera en Canarias es insuficiente para apuntalar o reforzar el bienestar de quienes aquí vivimos. La solución no está en favorecer actividades no sostenibles y consumidoras de un bien escaso y no renovable como es el suelo.La hoja de ruta a seguir para la diversificación y mejora de la competitividad de nuestra economía es la Estrategia de Crecimiento Inteligente aprobada por todas las fuerzas políticas y sociales del Archipiélago.
En Canarias concurren dos factores que, en grandísima medida, nos definen, marcándonos además las pautas que debemos seguir en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. Por una parte, nuestro territorio, un recurso escaso, estratégico y no renovable; de otra, la alta densidad poblacional existente en un archipiélago con 7.446,95 km2 de extensión y una densidad de 284,46 habitantes por km2. Añadamos a estas realidades un tercer elemento igualmente fundamental. Condiciones morfológicas, montañosas e insularidad provocan que la distribución espacial de la población se concentre en alrededor de un 10% del territorio, elevándose la densidad a 2.685 hab/km2, lo que significa que estamos en los niveles de las grandes aglomeraciones humanas donde las condiciones para el crecimiento y las oportunidades para su población son bien diferentes a las nuestras.
En nuestro territorio convergen actividades productivas que aportan riqueza, empleo y bienestar social a la población -como el turismo y las agropecuarias- que requieren para su correcto desempeño de su salvaguarda y protección. Sin embargo, la realidad de las islas siempre ha estado y sigue amenazada por la codicia que siempre ha despertado el uso de un bien, valioso y escaso, como es el suelo. Durante décadas nuestro territorio fue agredido y esquilmado. La compra de suelo, su recalificación y su venta, con construcción o no, se convirtió en el negocio más lucrativo de las islas. Se ha favorecido la especulación con la aplicación de políticas e instrumentos legislativos ajenos a esta tierra y pensadas para su aplicación en territorio continentales donde, generalmente, la escasez o fragilidad del suelo no ha representado un problema.
Con la llegada de la democracia y la asunción de competencias propias en materia de ordenación del territorio y el medio ambiente por parte de la Comunidad Autónoma, avanzados los años ochenta, la sociedad canaria comenzó a tomar conciencia y a implicarse en la necesidad de salvaguardar un recurso tan valioso como es su patrimonio natural, su territorio. Seguramente, en el afán de controlar la salvaje agresión y la especulación que estaba sufriendo nuestro territorio en ocasiones el legislador sobrecargó de normas la realidad que pretendía proteger, no dándose siempre la necesaria conciliación entre los distintos instrumentos puestos en marcha, fruto de las iniciativas desarrolladas. Es verdad que existen claras interferencias en las competencias sobre el territorio entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. La solución debe buscarse en la clarificación del papel de cada administración. La solución no está en la renuncia del Gobierno al control de legalidad, ni mucho menos al control de la planificación económica, territorial y poblacional del Gobierno de Archipiélago.
Los días 2 y 16 de este mes de octubre analicé el espectacular crecimiento de la población de las islas en las dos últimas décadas -por encima del 25%- y la incapacidad que tiene nuestra economía para facilitar el acceso al bienestar a la misma. La apuesta por un futuro sostenible para Canarias y para los que aquí vivimos pasa por crecer de una forma acompasada e inteligente, equilibrando los recursos y la población. En el fondo del debate sobre el uso del territorio también hay dos caras de una misma realidad. Por una parte, los que entienden que el suelo forma parte del libre mercado, exigiendo que la ley de la oferta y la demanda sea la que marque los ritmos y el modelo; por otra, quienes pensamos que el suelo es un bien escaso no renovable cuyo uso tiene que garantizar los asentamientos de nuestra población y las actividades económicas sostenibles y no agresivas con nuestro entorno natural. Por lo tanto, que los poderes públicos, especialmente la Comunidad Autónoma, deben ejercer el control y la administración del uso del mismo. Dos maneras de entender Canarias. Dos formas de gestionar el territorio. Dos modelos para nuestras Islas
