La política local no me es ajena. Durante 28 años (1979-2007) tuve el honor de ser alcalde del pueblo que me vio nacer, El Sauzal. Conté siempre con el apoyo masivo de mis convecinos y entre todos logramos transformar un pueblo, un municipio que no despertaba sentimiento alguno de pertenencia, sin apenas identidad propia, carente de los servicios más elementales, fracturado por la autopista del norte y, sobre todo, solemnemente pobre. Entre todos, sin excepción, lo convertimos en uno de los rincones más ordenados y atractivos de Canarias. Poco a poco, gracias a un trabajo constante y comprometido, fue creciendo un sentimiento compartido de orgullo entre los sauzaleros y entre quienes llegaron de otras latitudes para compartir nuestro futuro.
Soy un municipalista convencido, partidario de que los ayuntamientos ejerzan todas las competencias que puedan ayudar a ser más próximos y eficientes para los vecinos. De la misma manera, después de una amplia experiencia de trece años en el gobierno de la isla defiendo que los cabildos ejerzan las competencias que permitan planificar y desarrollar de forma armónica y equilibrada el conjunto del espacio insular.
En Canarias el uso del territorio, la economía y el bienestar social tienen que ir de la mano
Mis doce años en el Congreso de los Diputados me ayudaron a tener una visión global de Canarias, por eso abandero que las competencias que ayudan a que todos los canarios podamos tener las mismas oportunidades deben depender, sin ambigüedades ni dobles discursos, en el Gobierno de Canarias; entre ellas, la planificación económica y las políticas sociales. Además, sin dudarlo, de la planificación territorial porque no se puede llevar a cabo un desarrollo económico y social del Archipiélago sin tener en cuenta el territorio. En Canarias el uso del territorio, la economía y el bienestar social tienen que ir de la mano.
La política municipal es, en mi opinión, la más gratificante. La proximidad permite evaluar permanentemente el fruto del trabajo para mejorar el bienestar de los vecinos. Es cierto, también, que la proximidad hace que las autoridades locales tengan que compartir preocupaciones y problemas de sus convecinos que no tienen solución en ese ámbito. Es duro porque se asume como propio el problema de nuestro vecino. Cosa diferente es ejercer responsabilidades en entidades insulares o autonómicas porque la distancia es mayor. Ahora bien, en ningún caso se debe caer en el error de ver en los ciudadanos meros números. Las familias tienen rostro, nombres y apellidos, problemas que merecen sensibilidad y respuesta.
Deben decidir solo los municipios dónde, cómo y cuánto deben crecer?
Los alcaldes, los ayuntamientos, trabajan para tener a unos vecinos satisfechos con los servicios que se les prestan. Del grado de satisfacción vecinal depende su bienestar y, colateralmente, el éxito o fracaso electoral de quienes han gestionado los últimos cuatro años de mandato. Sin embargo, no basta con poner la mejor de las voluntades. Para prestar unos buenos servicios a los vecinos es necesario disponer de recursos económicos que a los ayuntamientos llegan, básicamente, ldel Fondo de Cooperación Estatal, del Fondo Canario de Financiación, de los recursos del REF y de las tasas e impuestos municipales. Los tres primeros conceptos obedecen a una serie de parámetros objetivos. Las tasas e impuestos de las decisiones locales, e incrementarlos choca con la meta de ponérselo fácil a los contribuyentes.
Los recursos adicionales permiten a los gobiernos locales mejorar servicios e infraestructuras, incrementar la oferta en deporte, cultura o actividades lúdicas; recursos que provienen en buena medida de las licencias de construcción. La visión municipal, en lo que se refiere a la utilización del suelo como recurso económico, es generalmente expansiva. Hasta ahora la planificación insular, con una perspectiva más global, modulaba los planes locales y, a su vez, los planeamientos insulares eran supervisados, modulados y controlados por el modelo de país que solo el Gobierno de Canarias puede liderar y hacer realidad.
El planteamiento que se hace en el proyecto de Ley del Suelo que se tramita en el Parlamento refuerza el papel de los municipios para que sean las corporaciones locales las que decidan cómo, cuánto y dónde quieren crecer. Aprovechando esa filosofía los 88 municipios de las Islas formularán y aprobarán planes que solo atiendan al objetivo de obtener más capacidad de crecimiento para mejorar sus respectivos presupuestos.
Lo que en principio puede ser interesante, desde una perspectiva estrictamente local, choca frontalmente con el interés de una Canarias superpoblada y con una economía desbordada poblacionalmente y sin capacidad para facilitar el acceso al trabajo a tanta gente. La planificación del uso del territorio puede ayudarnos a atenuar el problema o a incrementarlo e hipotecar nuestro futuro.
