Estas semanas están teniendo en el aeropuerto del Prat-Barcelona uno de los focos de mayor tensión, con momentos de enorme dificultad provocados por las insufribles colas generadas por la huelga del personal de seguridad -encargados de los arcos de control de acceso de los pasajeros a las puertas de embarque-.
Si en cualquier momento del año una huelga de estas características complica el funcionamiento en las instalaciones aeroportuarias, tratándose de semanas de máxima afluencia y circulación de pasajeros el conflicto multiplica los daños colaterales. Así se explica que las retenciones en los controles de acceso hayan obligado a los pasajeros a estar con horas de antelación en el aeropuerto y que muchos hayan denunciado la pérdida de sus vuelos y los trastornos que le han generado en sus vacaciones programadas.
¿Cómo se ha llegado a este punto?, ¿cómo no se ha evitado y por qué no se ha reconducido con mayor celeridad?Básicamente, los representantes de los trabajadores han exigido reforzar las plantillas con más personal y un incremento de sus salarios. Por su parte, las administraciones públicas prácticamente se han limitado a eludir sus responsabilidades y competencias, culpabilizándose y dando un espectáculo lamentable; ni el Gobierno de España, ni AENA, ni la Generalitat han estado a la altura que exige afrontar un conflicto que daña gravemente los intereses de los ciudadanos y la imagen de Cataluña y España.
El servicio de control en el aeropuerto de Barcelona lo realiza la empresa EULEN, que ganó la concesión hace algo más de un año. EULEN ganó la concesión al hacer una oferta entorno a un 3% más económica que el anterior prestador del servicio, que era PROSEGUR. No son elementos menores. En modo alguno debe perderse de vista lo apuntado para entender cómo se ha llegado hasta aquí.
En ocasiones el Gobierno de España y el resto de las administraciones públicas sacan a concurso la prestación de servicios con presupuestos exiguos, de crisis, obligando a las empresas concurrentes a ajustar por la parte más débil, la de los salarios y las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Es ahí donde está el verdadero problema, el error de partida es la precariedad laboral y salarial que ha posibilitado la reforma laboral. De aquella reforma estos lodos.
Más de cinco años han pasado ya desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral. Ha sido el cambio más profundo que se ha hecho en el Estatuto de los Trabajadores desde que vio la luz en 1980, y no han sido pocos a lo largo de este tiempo, baste recordar que un estudio de la Fundación Primero de Mayo señala que han superado la cincuentena.
Trazada en plena recesión, la reforma laboral decía tener por objetivo principal cambiar la flexibilidad externa en las empresas por la flexibilidad interna, meta que se venía a resumir o traducir en una fórmula que permitiría una menor destrucción de empleo cuando llegan las crisis y más trabajo. Sin embargo, escondía otro objetivo menos explícito: la devaluación salarial.
Buscaba, además, que España recuperara parte de la competitividad perdida durante la época de la burbuja. ¿Cómo? A base de reducir sueldos. A diferencia de otras crisis, ya que no se podía recurrir a la devaluación monetaria. Y este objetivo sí se consiguió: la reducción de sueldos, que venía produciéndose desde antes, se acentuó.
Los datos macroeconómicos indican que la crisis ha sido superada. Es justo exigir que los trabajadores empiecen a recuperar al menos una parte del poder adquisitivo perdido. El primer ejemplo tiene que darlo la Administración Pública ofertando presupuestos que permitan que las empresas que le prestan servicios puedan pagar salarios dignos a sus trabajadores.
