Ahora sabemos que nuestro bienintencionado alcalde, que dijo en su actual investidura que quería gobernar para todos, no es más que una víctima del PIO, PTEOTI o de la Ley de Directrices.
¿Acaso no era nuestro Alcalde, en el año 2003, mucho antes de la moción de censura, quien no recurría al Tribunal Constitucional la ley de directrices que "le ataría las manos" para regular el suelo turístico de su municipio y de la que hoy sólo puede lamentarse?
¿No era acaso nuestro alcalde a la vez Consejero del Cabildo cuando votaba el 26 de abril de 2013 a favor del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOTI) al que ahora culpa de la situación a la que se enfrentan miles de vecinos en su municipio?
¿No era acaso nuestro alcalde a la vez Consejero del Cabildo cuando también votaba el 19 de diciembre de 2014 a favor del Plan Insular de Ordenación del que ahora se queja? ¿Qué hizo nuestro alcalde en ese momento para informar a los vecinos del contenido del mismo y de cómo podría afectarles o para proteger los intereses de los mismos?
La legislación autonómica y su reglamento de desarrollo se ponían a punto apenas unas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas. ¿No se enteró acaso el alcalde de que esto sucedía y de las consecuencias que tenía para sus vecinos que no los convocaba para informarles?
Durante 12 años, ¿qué ha hecho nuestro alcalde y el resto de partidos políticos de nuestro municipio para evitar aquello de lo que hoy pretenden ser víctimas inocentes de este o aquel gobierno, de uno u otro color? y esto cuando tenemos la suerte de que se pronuncien, porque algunos siguen en el más absoluto silencio.
Cuando uno hace memoria para dar explicaciones, debe hacerla con todas sus consecuencias.
¿Tiene memoria el alcalde para explicar por qué, a pesar de ser el planeamiento urbanístico una competencia absolutamente municipal, es el Gobierno de Canarias quien está a cargo de nuestro planeamiento en este momento? ¿Tienen memoria el resto de partidos?
¿Van a reconocer nuestros políticos que se ha planeado una operación turístico-económica masiva a costa de miles de pequeños propietarios y que se sostenía mediante un pacto de silencio?
Exigimos a las autoridades competentes que se paralice el proceso de aprobación de este plan y que se abra un proceso participativo de elaboración de un nuevo plan desde el municipio y para el municipio con un equipo local de técnicos y arquitectos en constante contacto con los ciudadanos. Exigimos que se abran los espacios de debate y decisión necesarios para reconducir la situación denunciada y redefinir el modelo de desarrollo turístico que queremos para nuestro municipio.
Exigimos a los responsables políticos de la situación actual a la que se enfrentan miles de personas en este municipio, en especial al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que asuman las consecuencias políticas de su participación en un largo proceso de agresión a la propiedad privada de miles de personas mediante pactos y acuerdos a espaldas de la ciudadanía y en favor de una mayor concentración de la industria del turismo en manos de explotadoras al servicio de touroperadores poco éticos y solidarios con la economía y población locales.
