Coalición Canaria-PNC denuncia la incapacidad del Gobierno de Canarias para cumplir sus propios acuerdos y convertir así el Ingreso Canario de Emergencia en un “fiasco” que no solo no ha llegado a quien lo necesita sino que, además, tampoco cubre las necesidades de las familias que lo han ingresado.
Para la diputada nacionalista, Cristina Valido, “es alarmante” que la única medida del Gobierno canario para atender a los más vulnerables “sea un sonoro fracaso” y no esté “cumpliendo los objetivos que se habían marcado” debido a la incapacidad de la administración pública y la brecha digital “ya que la medida ha carecido de servicios presenciales a las familias y han basado su relación con el administrado en servicios telefónicos y digitales a los que la mayoría de la población vulnerable no ha tenido acceso”.
Valido señala que la información a los potenciales solicitantes “ha brillado por su ausencia” y advierte que “a fecha de hoy el porcentaje de personas que pudieron recibir esta ayuda debería escandalizar a un gobierno con un poquito de vergüenza y responsabilidad” a lo que se añade que “mucho más elevado es aún el porcentaje de familias que ni siquiera se enteró”.
Para la diputada “el gobierno del nunca vamos a dejar a nadie atrás y del ‘paraguas social’ no ha hecho otra cosa que dejar a personas en el camino sin que nadie haya reconocido su ineficacia” ni se hayan preocupado “en dar la cara ante las familias decepcionadas a las que solo queda contar con el apoyo del tercer sector”.
Valido asegura que la gestión del Ingreso Canario de Emergencia “ha sido tan nefasta” que la mayoría de la población “no la solicitó siquiera por quedar fuera al no cumplir con los restrictivos criterios en el perfil para la concesión” que tomó el mes de marzo como referencia cuando ese mes la gran mayoría cobró la mitad de la nómina puesto que el estado de alarma comenzó el día 14.
“Cuando las familias empezaron a ver que se quedaban sin sus ingresos mensuales”, prosigue la nacionalista, “ya el plazo se había cerrado pues solo se habilitó un mes para solicitarlo cuando la debacle social apenas comenzaba”. “Así”, añade, “cuando las cosas se pusieron mal de verdad ya no era posible pedir esa ayuda "puntual" que a los beneficiarios resolvió poco sin más posibilidades desde entonces”.
Para la diputada “esta fue y es la única medida de un Gobierno de Canarias que se atrevía y atreve a llamarse pionero en España en el establecimiento de una "ayuda puntual de emergencia" que en todo el Estado se ofrece de manera más constante a las familias desde casi todas las administraciones desde que existen los servicios sociales”.
