La portavoz en Educación de Coalición Canaria-PNC, la diputada nacionalista Beatriz Calzada, tacha de “escándalo” que la Consejería de Educación no haya previsto la renovación de los contratos de transporte escolar para el curso 20/21 y pueda dejar sin guaguas a 40.000 niños y niñas de toda Canarias y, por tanto, coloque a las familias en una situación insostenible. “A la angustia y preocupación por cómo se va a iniciar el curso escolar en septiembre con las suficientes garantías de seguridad sanitaria se suma ahora la complicación para miles de familias por cómo llevar a los niños a los centros educativos”; una realidad que tiene una incidencia “enorme” sobre todo en las islas menores.
Para Calzada “es escandaloso” que a una semana del vencimiento de los contratos “aún no se hayan firmado” tal y como ha denunciado la patronal de los transportistas “y no se pueda garantizar” la prestación de un servicio “esencial” para miles de familia. “En este caso no caben excusas; se trata de procedimientos administrativos ordinarios que se ha dejado morir en una gaveta hasta el último momento para llegar ahora con prisas a intentar solventar en el último momento”, agrega Calzada quien agrega que “esta situación es una evidencia más del caos organizativo de la Consejería de Educación”. “¿Qué ha hecho la Consejería durante el confinamiento y después del mismo? ¿Cómo es posible que, no habiendo transporte escolar por cierre de colegios y, por lo tanto, con menos carga de trabajo en ese aspecto, no se haya estado trabajando en la firma de esos contratos?”, se pregunta la diputada.
Calzada confía en que el 31 de agosto, fecha en la que la consejera de Educación, Manuela Armas, comparecerá en el Parlamento de Canarias, a instancias del grupo nacionalista, “se nos de respuesta a todas esas preguntas y se nos informe de que se han suscrito los contratos”. “Los nacionalistas entendíamos que las incertidumbres sobre el inicio escolar requerían de una comparecencia urgente de la consejera en el Parlamento; al final, se ha optado por fijarla el 31 de agosto fecha en la que esperamos que se nos den todas las respuestas”.
La diputada nacionalista recuerda que la patronal de los transportistas había advertido en numerosas ocasiones del vencimiento de los contratos y de la necesidad de firmarlos antes del 31 de agosto para garantizar así la prestación del servicio. Sin embargo, “llegamos al 21 de agosto sin que se haya dado esa prórroga y se coloca a empresas y trabajadores en una situación imposible” para un sector “que tras la caída del turismo, su otra fuente de trabajo, está en una situación clara de riesgo”. Para la diputada, “la falta de interés, de diligencia, de trabajo y de planificación de la Consejería de Educación pone en peligro la prestación del servicio y miles de puestos de trabajo” en lo que considera “una irresponsabilidad”.
“En estos momentos”, apunta Calzada, “lo que necesitan trabajadores y familias son certezas; no más dudas e incertidumbres sobre cómo y en qué condiciones, va a arrancar el curso escolar” justo lo contrario de lo que aporta Educación cuando habla de “falta de tiempo” cuando desde mayo se inició el proceso de prórroga y se trata de “trámites administrativos habituales”. “No hay excusas para que esos contratos no estén firmados; la única realidad es que el caos interno ha paralizado la Consejería”.
