El portavoz de Coalición Canaria San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal lamenta la “falta de solidaridad” del alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé en las declaraciones respecto a la aprobación de la transaccional de la Ley del Suelo, en donde señala que “esta enmienda a la Ley del Suelo no resuelve el problema de nadie”. Marichal no entiende la afirmación del edil pues en realidad se está dando solución a más de 70.000 personas, “aquellas que no van a perder su vivienda gracias a la transaccional, tras un problema que se ha generado porque las administraciones públicas “por desidia”, y especialmente el ayuntamiento, ha otorgado empadronamientos a los propietarios consolidando unos derechos, por la vía de los hechos. Marichal denuncia que la única preocupación del alcalde es cómo se solventarán los problemas para la renovación de la planta alojativa y las dotaciones para dicha área, y en ningún momento se acuerda de las familias que luchan y han conseguido no perder sus viviendas.
Marichal indica que si bien es cierto que el acuerdo conseguido con los grupos parlamentarios no coincide con la redacción original planteada por el Gobierno de Canarias, que buscaba la consolidación del uso existente sin límite temporal, el resto de grupos parlamentarios han aceptado la transaccional poniendo con fecha límite el 01 de enero de 2017. Lo que sí se consigue con este límite temporal, indica el portavoz de CC, es no seguir consumiendo suelo turístico para uso residencial lo que hasta ahora ha provocado la pérdida de unidades alojativas en suelo turístico restando competitividad al destino y que impide la Sostenibilidad del territorio ya que al perder camas de un lado se terminará por consumir suelo de otro lado para dar respuesta a la actual demanda turística. “CC defiende el modelo menos turistas, más calidad con el que se busca una política de Sostenibilidad en un territorio limitado y fragmentado como es Canarias”.
Marichal pide a su vez, al grupo de Nueva Canarias que aclare su posicionamiento porque por un lado se posiciona en contra de la renovación turística llevando a los tribunales el Plan de Modernización Turística, y por otro lado, se posiciona a favor de la patronal hotelera proponiendo expulsar a los más de 70.000 propietarios de sus apartamentos alegando la necesidad de renovar la planta alojativa existente.
