El Juzgado de Instrucción Nº1 y el Ministerio Fiscal descartan los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias denunciados por Isabel Santiago, del grupo político Nueva Canarias-BC, contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Se trata de la última de las cuatro piezas separadas de la investigación por la presunta financiación irregular del partido político CIUCA y la trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2011, 2015 y 2019 que la Justicia archiva.
La Acusación Popular dirigida por Isabel Santiago denunció prevaricación administrativa y tráfico de influencias por diferentes contratos suscritos entre el Ayuntamiento y la entidad ARPIPLAN para el mantenimiento de las áreas caninas desde 2015 a 2020, de la que formó parte Rayco Guerra hasta su nombramiento como Asesor de Urbanismo en octubre de 2019. También dos contratos menores con el arquitecto técnico Jesús Romero Espeja.
En el auto la magistrada señala que el procedimiento de contratación cumplió con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que los motivos para contratar a los profesionales mencionados fueron criterios de mercado y cualificación técnica, afirmaciones que ratificaron todos los investigados. Por tanto, los contratos menores se ajustaron a la legalidad, siempre bajo la revisión y comprobación de los técnicos del Consistorio y de la Asesoría Jurídica municipal. Así, señala la jueza, no existe delito alguno.
Onalia Bueno apunta que “con esta quinta y última resolución se cierra la puerta a los reiterados intentos de Isabel Santiago de ganar en los juzgados lo que nunca ha logrado en las urnas”. En este sentido, rechaza y condena “la judicialización de la política que utiliza Nueva Canarias para desacreditar a mi persona y el trabajo que realizo”. “La política se practica en la calle, respondiendo ante los vecinos y vecinas, no en los juzgados”, incide.
