El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias como coadyuvante del Gobierno del Estado en la defensa de la constitucionalidad del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo de medidas urgentes.
Esta medida se adopta tras tener conocimiento de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comunidad de Madrid, contra el Real Decreto Ley por el que se aprobaron las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
El Consejo de Gobierno manifiesta en este acuerdo que el recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto es “una traba a la solidaridad territorial y a la adecuación de la respuesta de todas las comunidades autónomas” ante el fenómeno migratorio que se está viviendo en las islas.
Tal y como recoge la propuesta de acuerdo, el Gobierno de Canarias considera necesaria la defensa en este recurso de inconstitucional de los intereses que pudieran verse afectados en el ámbito de sus competencias, y muestra su decisión a intervenir voluntariamente “como coadyuvante del Gobierno de la Nación en la defensa de la constitucionalidad de la norma legal estatal”.
El acuerdo justifica que se trata de una excepción al régimen general de no intervención de terceros en el proceso constitucional como “intervención adhesiva de las comunidades autónomas en los casos en que el proceso de inconstitucionalidad tuviera una naturaleza competencial o afectase al ámbito de competencias de aquella comunidad” (ATC n.º 172/1995).
En este sentido se manifiesta que “el interés competencial de Canarias en materia de protección de menores se ve afectado por un fenómeno supra autonómico, que es la contingencia migratoria extraordinaria en materia de menores migrantes no acompañados que impide a la Comunidad Autónoma de Canarias proporcionar la adecuada atención a estos menores que se encuentran en situación de hacinamiento, lo que es un hecho notorio y conocido, debido a que hasta la fecha el Estado no ha ejercicio su posición constitucional de garante de la efectividad del principio de solidaridad territorial”.
