Canarias ha reducido en un total de 330 días el tiempo medio de espera desde que se solicita la dependencia hasta que se accede a la prestación: se ha pasado de 977 días de plazo en 2022 a 647 días en 2023, es decir, casi un año menos, según datos del XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, hechos públicos hoy, relativos al año 2023.
Según se expone en el XXIV Dictamen, Canarias atendió a 6.000 nuevos dependientes el pasado año, lo que supone un 17,29% más que en el ejercicio anterior, un porcentaje muy superior al 7,49% efectuado por la media del resto de comunidades autónomas.
Además, el número de personas en el “limbo” descendió en 2.073, es decir, cayó un 14,56%, mientras la media nacional de reducción de este limbo fue de un 10,49%. Aun así, Canarias situó su tasa limbo en el 26,15%, muy alejada de la media estatal que está fijada en un 11,44%.
“Tenemos que seguir trabajando para que acabemos la legislatura cumpliendo lo que marca la ley, que en seis meses se resuelva una solicitud de dependencia. Ese es nuestro objetivo y para eso seguimos trabajando cada día en la Dirección General de Dependencia. Es una prioridad acortar los plazos y, al mismo tiempo, incorporar nuevos recursos para atender mejor a las personas beneficiarias de la ley”, señaló Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
Asimismo, recoge el dictamen, en 2023 se crearon 1.300 nuevos empleos en la comunidad autónoma como consecuencia “de la utilización de recursos altamente generadores de empleo como la atención residencial o los centros de día”, pero, sobre todo, con el desarrollo de las prestación económicas vinculadas al servicio (PEVS), que representan el 30,4% de la cartera de servicios y que destina en su mayor parte a Ayuda a Domicilio y Atención Residencial.
En cuanto a la financiación, el informe destaca que los costes directos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) estimados por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2023 se elevaron a un total de 261,59 millones de euros, de los cuales el 47% corrió a cuenta de la comunidad autónoma, el 33,3% al Estado y el 19,6 % a la persona usuaria del sistema.
Incremento de las prestaciones
En cuanto a las prestaciones, la Asociación de Directores y Gerentes recoge que el Archipiélago cerró el ejercicio “con un fuerte incremento de 7.292 nuevas prestaciones”, de las cuales la mayor parte de las mismas se destinó a las Prestaciones para el Cuidado en el entorno Familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), un 40%; y a prestaciones económicas vinculadas al Servicio (PVS), un 27%. El porcentaje restante se distribuye en tasas de reposición respecto al ejercicio precedente, a excepción del aumento del 10% en la teleasistencia.
A este respecto, el dictamen explica que el sistema canario sigue apostando, principalmente por las prestaciones económicas, frente a los servicios de centro de día, residencia, teleasistencia o ayuda a domicilio que, en conjunto, representan el 30% del sistema canario, cuando en la media nacional el conjunto de estas prestaciones se sitúa en el 55%.
A este respecto, hay que añadir que Canarias ha impulsado diversas iniciativas entre las que se encuentran reuniones con todas las empresas acreditadas por el Gobierno de Canarias con la finalidad de poder disminuir las listas de espera que actualmente existen para el Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
Y, además, en materia de ayuda a domicilio, se han firmado ya acuerdos con 24 ayuntamientos de las distintas islas para prestar este servicio, lo que permitirá que las corporaciones locales ofrezcan ayuda a domicilio especializada y que esta se integre en el sistema de dependencia del Gobierno de Canarias, de forma que se amplíe la oferta y se homogeneicen estos servicios en toda la comunidad autónoma.
