El Gobierno de Canarias primará en sus contrataciones públicas a aquellas empresas que ofrezcan mejoras laborales al cumplir con las “cláusulas sociales”, aprobadas hoy en Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, la Consejería de Hacienda y de Política Territorial, coordinadas por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández.
Se trata de una propuesta de las consejerías y el Comisionado por el que se establecen directrices en la contratación pública de la Administración regional y cuyo objeto está vinculado a objetivos sociales y medioambientales en Canarias.
El Gobierno cuenta con tres formas para garantizar el cumplimiento de estas cláusulas: mediante los criterios objetivos en los contratos (las condiciones que deben cumplir las empresas al concursar), mediante una reserva específica en cada contrato para que una parte vaya a ONGs y limitando el perfil de las empresas que puedan participar a ONGs.
De esta forma el Gobierno se garantiza que solo las mejores empresas en cuanto a condiciones laborales y sensibilidad social participen de los concursos públicos.
Es una herramienta que permite al Gobierno dar mejor puntuación en los contratos a aquellas empresas que ofrezcan calidad en los contratos, que cumplan los convenios colectivos del sector, que respeten la igualdad laboral entre hombres y mujeres, que fomenten el empleo en los sectores más desfavorecidos, que fomenten los productos agroalimentarios locales y que respeten el impacto medioambiental.
En concreto, se premiará con hasta un 15% sobre el total del baremo en los criterios objetivos a aquellas empresas que paguen mejor salario, que contraten a un mayor número de personas, también obtendrán hasta un 15% las que completen la mitad de su plantilla con personas con dificultades de acceso al mercado laboral, todo ello sin menoscabo alguno de los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato que rige cualquier procedimiento de contratación pública.
El Gobierno busca así que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el interés público como son la inserción laboral de personas desfavorecidas, la igualdad entre mujeres y hombres, la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la calidad en el empleo o el cumplimiento de los derechos éticos y humanos, en sintonía con la normativa europea.
Recuerda el Gobierno que con esta medida Canarias siempre fomentará las mejores condiciones laborales aunque haya reformas laborales que intenten menoscabar los derechos de los trabajadores.
La vicepresidenta Patricia Hernández explica que “hemos convertido a Canarias en una Comunidad Autónoma donde el Gobierno regula por ley medidas que mejoran las condiciones de vida y laborales de las personas, y donde nos blindamos ante reformas laborales injustas que solo han empeorado las condiciones de trabajo de los canarios. Con estas cláusulas, respetando las normas, estamos apostando por las mejores empresas, las más sensibles con sus trabajadores y las más comprometidas con nuestro medioambiente”.
Por último, estas cláusulas se aplicarán en todas las licitaciones de las entidades del sector público con independencia de su modalidad, objeto o tipo contractual, sistema de adjudicación o procedimiento, y no se aplicarán en los contratos que sean adjudicados a través de la adhesión a sistemas externos de contratación centralizada distinta a la autonómica; los contratos menores (aunque las cláusulas sociales podrán ser tenidas en cuenta cuando el órgano de contratación lo estime conveniente) y los contratos para los que los órganos de contratación consideren que no resulta apropiada la incorporación de las cláusulas, para lo cual habrá que emitir un informe motivado que incorporará al expediente.
