El Gobierno de Canarias ha iniciado una ronda de contactos técnicos con el Ministerio de Hacienda al objeto de que los próximos Presupuestos Generales del Estado preserven las especificidades tributarias del Archipiélago ante la anunciada modificación del Impuesto de Sociedades.
El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, junto al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, y el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo Hernández, se reunieron la semana pasada con la directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, María José Garde, a la que trasladaron la posición del Ejecutivo canario.
El Gobierno autónomo considera positivo el establecimiento de un tipo mínimo del 15 por ciento en el Impuesto de Sociedades -tal y como figura en el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos- si bien recuerda que los Presupuestos estatales habrán de garantizar explícitamente las particularidades de este impuesto en determinadas figuras fiscales canarias, como la ZEC o la RIC.
El encuentro, “de carácter precautorio”, en palabras de Delgado, se justifica en que el último proyecto de Ley de Presupuestos del Estado de 2019, “no recogía estas excepciones, con independencia de que no fuera aprobado finalmente en el Congreso”.
La Zona Especial Canaria (ZEC), la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, las bonificaciones por producción de bienes corporales, la deducciones para producciones cinematográficas o la creación de empleo se benefician de un tipo muy reducido del Impuesto de Sociedades, “que debemos mantener y que deben contemplarse en los Presupuestos estatales para 2020”.
Durante la reunión, el Gobierno de Canarias también trasladó al Ministerio la necesidad de que las Islas mantengan idéntico diferencial en relación a la tributación de las grandes empresas tecnológicas y de economía digital en los países donde desarrollan su actividad y no solo donde están domiciliadas, cuyos detalles se están negociando ahora mismo en el seno de la OCDE.
En este caso, se trata de que el Gobierno de España defienda la condición de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea para salvaguardar su especificidad.
