La ciudadanía canaria, como la del resto de regiones ultraperiférias, es claramente europeísta y sus preocupaciones coinciden con los principales retos que se plantea la Unión Europea en el sentido de una Europea que cree riqueza y empleo para todos sus ciudadanos, que fomente la educación y la formación, principalmente en los sectores emergentes y a través de las nuevas oportunidades que ofrece la digitalización, pero que todo ello se haga desde una perspectiva de sostenibilidad. La inmigración también ocupa una lugar preponderante en las preocupaciones de los canarios.
Esta es una de las reflexiones recogida en el documento que la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha remitido a Madrid para que se integre en la que será la propuesta española la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFE), después de la consulta pública abierta por el Ejecutivo autónomo.
El vicepresidente canario y titular de este departamento, Román Rodríguez, explicó que esta propuesta, junto a las aportaciones del resto de las comunidades autónomas, servirá también para perfilar las prioridades de la próxima presidencia del Consejo, que asumirá España en el segundo semestre de 2023.
Rodríguez señaló que la lucha contra el cambio climático, abanderada por la Unión, es una inquietud compartida por la sociedad canaria y que en el debate público abierto se puso de manifiesto la necesidad de apoyar el uso de un sistema de economía circular, aunque adaptado a los condicionantes de la ultraperiferia. Del mismo modo, la apuesta por un turismo sostenible y la compatilización de las medidas de lucha contra el cambio climático con las necesidades de garantizar el transporte y la movilidad en el Archipiélago son ampliamente destacados por la sociedad canaria.
Canarias, al igual que otras regiones ultraperiféricas, percibe con más intensidad el valor de la Unión en aquellas políticas en las que se han adoptado medidas específicas para el Archipiélago como región ultraperiférica, que coinciden con aquellas que tienen un mayor recorrido en la Unión, como la Política Agraria o la de Cohesión.
En la primera de éstas, el apoyo mayoritario al POSEI se complementa con numerosas ideas de mejora del mismo en las que prima, fundamentalmente, una mayor orientación hacia el mercado interior y hacia una diversificación de cultivos, con un mayor apoyo para la agricultura ecológica y la industria agroalimentaria del Archipiélago, pero sin descuidar el apoyo a la comercialización.
Junto a ello, se puso de manifiesto la necesidad de que los acuerdos comerciales con terceros países no vayan en detrimento de las producciones canarias, que no compiten en igualdad de condiciones. Del mismo modo, en la política pesquera, la ciudadanía canaria considera necesario que debe adaptarse mejor a la realidad archipelágica canaria con posibilidades reales de mejorar la seguridad, condiciones de trabajo y conocimientos científicos sin las cargas que para ello impone ahora mismo la Unión.
Asimismo, el apoyo a las excepciones en el ámbito fiscal y de ayudas de Estado que permite la existencia de un régimen económico y fiscal diferenciado en el Archipiélago, como región ultraperiférica, es altamente valorado por la ciudadanía canaria que lo considera un instrumento de desarrollo económico muy importante para el conjunto de la economía del Archipiélago. Al mismo tiempo, la necesidad de simplificar aún más los trámites aduaneros y comerciales para la introducción y expedición de mercancías en y desde las Islas ha sido ampliamente destacada por los encuestados.
Mención aparte merece la cuestión de la migración, en la que un porcentaje muy amplio de la ciudadanía canaria considera que el incremento del fenómeno migratorio, con la multiplicación de las llegadas irregulares procedentes del cercano continente africano, no ha tenido la respuesta adecuada por parte de la Unión Europea y del Estado en la gestión de la crisis.
Ante la búsqueda de soluciones a esta cuestión, éstas pivotan en tres aspectos: en primer lugar, en la necesidad de realizar un refuerzo de la política migratoria a nivel de la Unión Europea, en segundo lugar, en realizar acciones en los países de origen para evitar que sus poblaciones tengan que emigrar, y, por último, en la necesidad de redistribuir a los migrantes que llegan a Canarias hacia el resto de la Unión.
