El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, 12 de noviembre, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará la vivienda vacacional en las islas.
“Por primera vez, Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional, tras diez años de vigencia de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. Hoy damos un paso importante, pero no el último, aún queda camino por recorrer en la aplicación y desarrollo de esta ley”, aseguró la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
“Hoy se inicia un camino hacia la planificación, la gestión, la ordenación y la disciplina urbanística, entendiendo que el derecho a la vivienda, la función social de la vivienda a la que tienen derecho 2,2 millones de canarios, hay que equilibrarla con una actividad económica que ha venido para quedarse y que defendemos, pero con orden, con mesura y con equilibrio en el territorio”, señaló De León.
“Se trata de una regulación”, añadió, “que busca compatibilizar el legítimo ejercicio de esta actividad con el interés general. La ley aborda cuestiones que la ciudadanía nos ha pedido reflexionar, como los límites del territorio y de esta modalidad turística, que hasta ahora no contaba con topes cuantitativos ni cualitativos”.
La consejera precisó que el articulado de la norma establece que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto vigente podrán continuar desarrollando su actividad con normalidad, e hizo un llamamiento a todos los propietarios de viviendas vacacionales para que continúen presentando la actividad clasificada.
“Es un trámite necesario dentro del marco legal, pero perfectamente asumible en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Cumplir con este procedimiento garantiza que puedan seguir desarrollando su actividad con plena seguridad jurídica y contribuye, además, a reforzar la transparencia y la profesionalidad del sector. Con ello, avanzamos juntos hacia un modelo de turismo más sostenible, responsable y respetuoso con la convivencia en Canarias”, subrayó.
En Canarias, el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% de ellas y el 55,5 % de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales.
De León recordó que “no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente, y estos podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos, garantizando siempre que estas decisiones no afecten la calidad de vida de los residentes”.
Con la nueva legislación, el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional, y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para poner en marcha el plan de inspección correspondiente.
Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, indicó que “el Ejecutivo autonómico les facilitará, si así lo requieren, una ordenanza provisional estándar que permitirá agilizar este trabajo. “La norma ordena y regula, no limita, y, además, atiende a la realidad y diversidad insular”, aclaró.
Miguel Ángel Rodríguez hizo hincapié en que esta ley “define la sostenibilidad como la garantía de una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, defiende un territorio habitable y equilibrado y pone freno a la gentrificación y a la turistificación, que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio”. Además, Rodríguez quiso transmitir tranquilidad a los miles de propietarias y propietarios que cumplen a día de hoy y pueden seguir operando con normalidad.
A partir de ahora, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico. Otra de las grandes novedades de la nueva ley autonómica es que prohibirá los pseudohoteles, edificios en los que todas las viviendas son vacacionales de un gran tenedor. Además, la norma también establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su construcción. “Con esto se pretende garantizar el destino residencial para el que fueron concebidas evitando la especulación", afirmó Rodríguez.
La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
