Fue Pedro Pacheco, aquel famoso alcalde de Jerez, el que un día explotó y sentenció: “La justicia es un cachondeo”, cinco palabras simples y sencillas que todo el mundo entiende. Es un pensamiento primario que todos algunas vez, si no lo hemos dicho, sí lo hemos pensado.
Es verdad que en todo litigio hay al menos dos partes y la sentencia no puede contentar a ambas. Por eso siempre, pase lo que pase, al menos la mitad de los litigantes salen descontentos e insatisfechos de los juicios. Y si el fallo judicial es salomónico, casi peor porque no contenta a ninguna de las dos partes.
Esto se entiende claramente, pero una cosa es la sentencia, que al menos a la mitad no gustará (y de ahí la mala prensa que tiene la justicia en todas las encuestas), y otra bien distinta la puesta en escena.
Eso lo estamos viendo en el juicio del caso Faycan que ha comenzado este lunes y en el que se juzga la corrupción en Telde por parte de políticos, funcionarios y empresarios. En el banquillo hay nada menos que dos exalcaldes, varios concejales, unos cuantos funcionarios y otros tantos empresarios.
Este caso lleva un retraso de doce años. El primer día del juicio todos los acusados se sentaron juntos en un rebotallo que más parecían miembros del público que los propios procesados. Ya el segundo día, como cogieron confianza, se sentaron junto a sus respectivos abogados, esquivando el banquillo gracias a la autorización del presidente del tribunal.
El tribunal lo preside Salvador Alba, un juez que está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por supuestos delitos y faltas graves. El juez tiene juicios pendientes y ya ha sido multado por grabar a otros magistrados.
Resulta inaudito que un juez del que hay indicios y sospechas de criminalidad sea el que presida un tribunal que juzga a tantas personas por corrupción. Eso de la mujer del César no se hizo solo para los políticos. Los jueces también tienen que ser honestos, además de parecerlo. No hay nada más inquietante que un juez sospechoso de haber delinquido.
Si a todo esto se une que veinte de los procesados aceptan penas inferiores a dos años para no entrar en la cárcel y que de los 88 años pedidos inicialmente se quedan en quince tras una negociación chanchullera con fiscalía, solo nos queda recordar la frase de Pacheco. La justicia es un cachondeo. O al menos eso es lo que parece.
