Numerosos instrumentos y protocolos que regulan las actuaciones estaban aprobados desde hace años el día que el buque pirata ruso Oleg Naydenov ardió en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental que se aprobado en 2001, Los Planes Interiores de Contingencias por Contaminación Marina Accidental para las instalaciones que manejan hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario, regulados en el Real Decreto 253/2004, el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina aprobado en 2012, el Plan Marítimo Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina 2014, El plan de contingencias por contaminación marina y costera de canarias se aprobó en primera instancia en 2006 y se modificó en 2013, y el Plan Operativo para La Búsqueda, recogida y tratamiento de fauna petroleada entregado ayer mismo
De las instituciones encargadas de gestionar el accidente: Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Gobierno de Canarias hemos escuchados una y otra vez, en estos días, declaraciones donde se justifica las malas decisiones tomadas con el argumento de que “era la mejor opción de las malas”, se minimiza el riesgo e impacto del accidente en el medio marino con expresiones que dan a entender que “la mancha, si está lejos, no es problema”, se muestra control sobre la situación expresando que están actuando siempre bajo un estricto protocolo y que se han desplegado ya todos los medios disponibles, y por último, se muestra una estrecha colaboración entre Administraciones y sociedad civil a través de ese hueco inmenso para la participación ciudadana que supone el voluntariado.
Sin embargo la realidad cuenta otras muchas cosas. Han pasado más de diez día desde el incendio del pesquero ruso y el barco sigue expulsando fuel pesado altamente contaminante al mar sin que se sepa el estado del barco ni cuánto está vertiendo. La mancha tiene dimensiones gigantescas sin que se haya podido recoger hasta la fecha ni un litro de ese fuel: manchas “pequeñas”, de más de cuatro kilómetros de largo, están llegando a una parte del litoral de Gran Canaria declarado Reserva Mundial de La Biosfera, ZEC y ZEPA, todas ellas figuras de protección ambiental internacional que ponen de manifiesto los inmensos valores ambientales que tenemos. Sin embargo, a pesar de todos los medios desplegados, nada ha evitado que la mancha entre en estos espacios.
A más de diez días del accidente se convoca a los Ayuntamientos costeros que previsiblemente pueden verse afectados por la llegada de fuel, a una reunión para analizar qué medios están disponibles para la lucha contra la contaminación costera. Simultáneamente se convoca un reunión con ONGs para comunicarles que deberán ser ellas las que se encarguen de gestionar la respuesta “voluntaria” para minimizar los impactos en la fauna petroleada y se les entrega un plan operativo para que lo sigan, instrumentalizando la valiosa y generosa colaboración ciudadana.
Además, en este tiempo numerosos técnicos y expertos en seguridad marítima han catalogado la gestión del incendio del pesquero como un grave error de consecuencias impredecibles. Igualmente han apuntado que en mar abierto las operaciones de “control” del vertido son más que ineficaces, científicos expertos en oceanografía y dinámica marina han alertado del elevado riesgo que supone un derrame a 15 millas del litoral de Gran Canaria para nuestras costas debido a los numerosos remolinos que se forman en las aguas cercanas al litoral, ONGs y expertos en biodiversidad han puesto de manifiesto que los hechos ya han provocado un impacto muy grande sobre la biodiversidad de esa zona a pesar de que no se vea.
Por todo ello, consideramos que lejos de controlar la situación, las Administraciones competentes están reaccionado a los acontecimientos presas del desconcierto y el miedo al fracaso en época electoral, sin planificación y con protocolos puestos sobre el papel que nunca se implementaron con medios y formación, manipulando los acontecimientos y mostrándolos como irremediables en un intento de salvar la compostura política, incapaces finalmente de hacer una adecuada gestión del riesgo, imprescindible esto para tomar las decisiones adecuadas. Todas estas señales muestran una inequívoca y peligrosa improvisación, una falta de medios óptimos, y un intento de manipulación para esconder la verdad, que denota una falta de ética, a la vez que pone de manifiesto una ausencia total de respeto hacia la ciudadanía canaria. Por lo que pedimos a la fiscalía que esclarezca los hechos y depure responsabilidades penales, y a la ciudadanía, que hagan lo propio con las responsabilidades políticas.
