La federación de colectivos Ben Magec-Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, solicitando que se inicie una investigación respecto al cierre de la carretera que ha llevado a cabo la entidad Costa Canaria Veneguera S.A., propiedad del Grupo Lopesan. La vía de acceso en cuestión parte desde la rotonda existente en la Avenida del Marinero - por el lugar conocido como Lomoquiebre- hasta la Playa de Veneguera, en el municipio de Mogán. Al escrito de denuncia se acompañan documentos que indiciariamente apuntan a la propiedad pública de dicha carretera.
En la documentación catastral pública consultada y en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Mogán vigentes, se expresa la titularidad pública de dicha infraestructura cerrada totalmente hace aproximadamente año y medio. En este sentido, en la documentación catastral el Polígono 3 Parcela 9195 (como se denomina a esta carretera) figura como una Vía de comunicación de dominio público. Del mismo modo, en las Normas Subsidiarias municipales aprobadas definitivamente en 1987 se determina que la carretera cortada por la entidad Costa Canaria Veneguera S.A. forma parte de las infraestructuras Generales del Municipio (Plano nº 3 de las NNSS del Municipio de Mogán) y por tanto, de dominio público.
En la denuncia formulada por Ben Magec - Ecologistas en Acción se plantea que el artículo 25 de la ley 9/1991 de Carretas de Canarias establece que no podrán realizarse obras en las zonas de dominio público de las carreteras sin previa autorización del titular de la misma, el cual solo podrá concederlo cuando así lo exija la prestación de un servicio público de interés general.
Por este motivo, desde la federación se solicita que se lleven a cabo cuantas investigaciones y averiguaciones sean necesarias para esclarecer la legalidad de los hechos denunciados. Asimismo, se solicita que como resultado de dicha investigación se realicen todas las actuaciones administrativas y/o penales necesarias para que, en su caso, se restaure la integridad del dominio público usurpado de manera efectiva, y consecuentemente se sancione a los responsables.
