El más o menos adormecido sentimiento nacionalista catalán despertó con renovadas fuerzas a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el frustrado Estatut de Autonomía que, impulsado por Pascual Maragall, contó con el apoyo de los partidos catalanes a excepción de Ezquerra y PP. Esquerra lo consideró insuficiente y el PP entendió que profundizaba más allá de lo admisible en el autogobierno. A unos se les quedó corto y a otros les parecíó que se excedía, una diferente manera de medir los pasos y decisiones que resume los desencuentros de estos últimos años en Cataluña y de Cataluña con el Estado.
No está de más recordar los comportamientos no sólo políticos o jurídicos, sino también los sociológicos, que afloraron en todas partes pero con especial intensidad en Madrid y Barcelona. El mismo PP que recurrió ante el Tribunal Constitucional la metodología del Estatut más tarde apoyó otro Estatuto, el andaluz, que se había construido atendiendo a una metodología similar. En Cataluña el apoyo al Estatut fue de un 74%, con un significativo respaldo de CiU -partido mayoritario, aunque en aquellos momentos sentado en la oposición-. El otro dato que merece rescatarse es que PP y Ezquerra no votaron a favor del conjunto del Estatut, pero sií del artículo referido al porcentaje de participación de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado.
La discutida sentencia del Tribunal Constitucional fue la gasolina que reavivó el fuego independentista, sentimiento y reivindicación que se duplicó en apenas tres años, pasando de un 24% en el 2010 a más del 48% en el 2013. Para comprender lo que ha pasado estos últimos años es necesario ir más lejos en el tiempo, retroceder aún más para recordar estos hitos, capítulos que marcaron la política catalana a partir de entonces.
Artur Mas asumió la presidencia de la Generalitat en 2010 en el convencimiento de haber sido engañado por el Gobierno de España, presidido por José Luís Rodríguez Zapatero. Poco después, en 2011, Mariano Rajoy gana por mayoría absoluta, con lo que el PP no necesitó entenderse con CiU para gobernar. Convergencia, y con CiU los poderes económicos de su órbita en Cataluña, se sintió engañada por Zapatero y despreciada por Rajoy. No quedó resquicio para alcanzar un Pacto Fiscal que ayudará a afrontar la difícil situación económica catalana, viéndose en ese momento obligados a recortes y ajustes que provocan el inmediato y multitudinario rechazo de los ciudadanos en Cataluña.
En ese ambiente, de tensión e incomunicación entre los gobiernos de España y Cataluña, ambos descubren que en tanto partidos les viene muy bien una atmósfera crispada y enrarecida. La confrontación con Madrid hace crecer como la espuma el sentimiento independentista catalán, alimentando además una nube que silencia incontables problemas judiciales -casos de corrupción- que empezaron a minar la credibilidad del Govern y de las fuerzas políticas que lo apoyan.
La obligación de Rajoy era abordar el asunto territorial para evitar que desembocara en una bomba de relojería. Lejos de esto, el presidente -y el PP en su conjunto- lo ha utilizado como un instrumento emocional en el resto del Estado, siendo igualmente reseñable que la tensión con Cataluña ha constituido una magnífica coartada para tapar muchos episodios que han estado deteriorando la imagen del partido del Gobierno. Un Estado descentralizado como España exige diálogo y lealtad entre el Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas, elementos que se han echado en falta para reconducir el desafío en Cataluña.
Se ha llegado al límite, con el artículo 155 sobrevolando ya a las instituciones catalanas, por la calculada pasividad de Rajoy y con la irresponsable contribución de algunos medios catalanes -públicos y privados- así como de los poderes económicos que creyeron que la confrontación con Madrid iba a generarles réditos económicos.
La actuación fuera de la Constitución y de las leyes por parte de la Generalitat, la pasividad de Rajoy y la ambigüedad del PSOE forzaron la comparecencia del Rey el 3 de octubre. Con su discurso, solo los años permitirán evaluarlo correctamente, la crisis del Estado tocó techo. La posición pública del jefe del Estado ha provocado que el Gobierno de Rajoy tome la iniciativa y que el PSOE abandone su mal calculada ambigüedad, los poderes económicos presionan con los cambios de sede de las principales empresas, los medios de comunicación han cambiado su línea editorial y la sociedad no independentista se ha echado a la calle. Los únicos que no se están acomodando a la nueva situación son los independentistas. Tienen todo el derecho a intentar cambiar las cosas pero siempre y solo con los instrumentos que nos da la democracia, la Constitución y la Leyes que la desarrollan. Fuera de la legalidad solo hay irresponsaibilidad y frustración.
