Agüimes recuerda que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) obliga a las corporaciones locales a disponer de grandes cantidades de dinero en los bancos, sin posibilidad de invertir, por lo que el cobro unilateral de comisiones supone un abuso por parte de las entidades financieras.
El Pleno del Ayuntamiento de Agüimes aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo Roque Aguayro para la supresión de las comisiones que los bancos pretenden cobrar a partir de este año al dinero público depositado en las entidades financieras. Las nuevas condiciones, que supondrían el pago de en torno a un 0,5% anual, fueron comunicadas por los bancos hace algunos meses. Su aplicación unilateral supondría un mayor gasto financiero para los ayuntamientos, con la consiguiente merma de recursos, que deberán ser destinados a este fin en lugar de a otros de mayor interés para la ciudadanía.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con la actual configuración de la Regla de Gasto, obliga a las entidades locales a acumular liquidez en los bancos. Se produce así la paradoja de que los ayuntamientos cumplidores y con situación de superávit no pueden destinar ese dinero a los gastos e inversiones que consideren necesarios. Muy al contrario, pese a cumplir con los periodos de pago y tener las cuentas saneadas, ven cercenada su capacidad de gasto y limitada su proyección de crecimiento, afectado a la prestación de servicios públicos.
Esta situación, que ha sido denunciada por la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, se ve agravada ahora con las comisiones de mantenimiento que las entidades financieras pretenden aplicar a las cuentas corrientes abiertas por las administraciones públicas.
Hay que recordar que el Banco Central Europeo (BCE) acordó en 2014 imponer un tipo de interés negativo (actualmente el -0.5%) a la facilidad de depósito, con el objetivo de que los bancos destinaran el dinero que tenían en sus arcas a la dinamización de la economía real. Esto ha conducido a que en 2018 la banca española acabara pagando al BCE en torno a 416 millones de euros por guardarle el dinero que no estaba siendo reinvertido en la economía. Esta situación ha llevado a los bancos no solo a dejar de remunerar a sus clientes por el dinero que éstos depositan en sus cuentas, sino también a que pretendan repercutir en ellos el coste impuesto por el BCE.
Se produce como consecuencia la anomalía de que las imposiciones del BCE para estimular la economía acaban perjudicando gravemente a las administraciones públicas que, en cumplimiento de la norma vigente, están obligadas disponer de tesorería. En el caso de los ayuntamientos, el sobrante de liquidez que antes se consideraba necesario se convierte ahora en un problema muy costoso.
La moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Agüimes insta al Ministerio de Hacienda a reformar la regulación actual de la Regla de Gasto. Al mismo tiempo solicita al Banco Central Europeo que declare exenta de tipos negativos la parte de los depósitos de las entidades financieras correspondiente a los depósitos bancarios de las administraciones públicas.
