El Pleno del Ayuntamiento de Agüimes ha reiterado por unanimidad una moción dirigida al Congreso de los Diputados para la modificación puntual del decreto legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana. En concreto se solicita cambiar la redacción del artículo 28.4 referido a la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad la terminación de las obras de construcciones, edificaciones e instalaciones fuera de ordenación urbanística y respecto de las cuales ya no proceda su demolición por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes.
El texto actual obliga a los ayuntamientos a dictar resolución sobre la situación urbanística de estos inmuebles, para que así conste en nota al margen de la inscripción en el Registro. En caso de omisión de tal resolución, serán los propios ayuntamientos los responsables de cualquier perjuicio que se pueda producir en la compra de buena fe de estas edificaciones, teniendo que indemnizar al adquirente por los daños económicos de una posible sobrevaloración, causada por no hacer constar su situación urbanística de la propiedad.
En la práctica, esta norma asigna a los ayuntamientos una nueva tarea para la que no estaban anteriormente dimensionados, por lo que para su cumplimiento sería necesario ampliar los recursos humanos disponibles. Sin embargo, las plantillas de las administraciones locales permanecen congeladas desde el año 2012, como consecuencia de los criterios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria establecidos tras la crisis económica de la pasada década. Esta situación aboca a la mayoría de los ayuntamientos a no poder hacer frente con lo establecido en el texto refundido de la ley del suelo y a asumir, por tanto, el riesgo indemnizatorio proveniente de las posibles reclamaciones en operaciones de compraventa de inmuebles.
Así las cosas, el Pleno de Agüimes solicita que se modifique ese artículo 28.4 para que cuando una obra nueva sea inscrita sin la correspondiente certificación municipal sea el propio registrador de la propiedad quien haga constar su situación de fuera de ordenación, eximiendo a los ayuntamientos de una obligación que difícilmente podrán cumplir y de una responsabilidad indemnizatoria de la que no pueden hacerse cargo. Además de volver a enviar la moción al Congreso de los Diputados, Agüimes enviará la moción a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para recabar el apoyo de ambas entidades.
